Foto por Lucky Dela Rosa/Philippine Collegian
Foto por Lucky Dela Rosa/Philippine Collegian
Firme la declaración de unidad a través de este enlace: https://forms.gle/3wBsTgfM713yBvwh7. Las traducciones de la declaración de unidad también están disponibles en francés, inglés, árabe, tailandés y chino
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Agosto marca un mes mortal de asesinatos en Filipinas bajo el gobierno de Duterte. Hace cuatro años, el 16 de agosto de 2017, una cuadrilla de policías que realizaba una operación antidroga en un barrio pobre de la Ciudad Caloocan mató a tiros a Kian Delos Santos, un estudiante de secundaria de 17 años, en un callejón turbio y lleno de basura junto al río Tullahan.
El 18 de agosto de 2017, Carl Ángelo Arnaiz, de 19 años, desapareció junto con el estudiante de primaria Reynaldo "Kulot" de Guzmán, de 14 años. Fueron vistos por última vez en Cainta, Rizal. Los restos de Arnaiz fueron encontrados en una morgue de Ciudad Caloocan 10 días después. La autopsia de la policía reveló que Carl recibió cinco disparos en el torso y fue asesinado mientras estaba tumbado: dos balas le atravesaron la parte derecha del pecho, otra le perforó el centro del pecho, otra la izquierda del pecho y otra el estómago. El cuerpo de De Guzmán fue encontrado flotando en un arroyo de Nueva Écija el 6 de septiembre de 2017, a 70 kilómetros de su residencia en Cainta, Rizal, donde fue visto por última vez con Carl. Su cabeza estaba envuelta en cinta de embalar y su cuerpo presentaba 31 puñaladas.
La policía sostuvo que Kian era un traficante de drogas y que se defendió -o "nanlaban"- cuando se acercaron a él, y que supuestamente recuperaron del chico una pistola calibre 45, cuatro cartuchos y dos sobres de presunta metanfetamina shabu. Contaron una historia similar en el caso de Carl, de quien afirmaron que robó y atracó un taxi en Ciudad Caloocan y disparó contra la policía que acudió a la llamada del taxista; y sostuvieron haber matado a Carl en el acto. El informe policial dice que recuperaron de Carl una pistola calibre 38, dos bolsitas de hojas de marihuana, tres bolsitas de shabu y una mochila con "objetos personales variados."
Esta narrativa de defensa o "nanlaban" es una versión que la policía ha propagado en cientos de otras operaciones antidroga para justificar los asesinatos de presuntos sospechosos de tráfico de drogas, pero estas historias están plagadas de evidentes lagunas y relatos cuestionables por parte de la policía. Se ha establecido un claro patrón de reciclaje y colocación de pruebas, tales como armas y drogas ilegales, para fabricar encuentros armados en diversas operaciones antidroga. Los testigos informaron de que hombres armados vestidos de civil sacaron a Kian de la tienda de su familia y le dieron bofetadas y puñetazos hasta que lloró y suplicó por su vida; las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio mostraron cómo arrastraban a Kian hasta el callejón donde se encontró su cadáver. Los resultados de la autopsia de los restos de Carl contradicen las afirmaciones de que participó en un tiroteo. Queda claro que fueron asesinados a sangre fría.
Los asesinatos y secuestros de Kian, Carl y Kulot -que se produjeron en un lapso de pocos días- y la masiva indignación pública que siguió condujeron a la condena de tres policías por el asesinato de Kian, así como a órdenes de detención contra dos policías por la tortura, la colocación de pruebas de drogas y armas de fuego, y los despiadados asesinatos de Carl y Kulot. Sin embargo, los asesinatos en esta brutal guerra no han hecho más que intensificarse con descarada impunidad, e incluso bajo la pandemia del COVID-19 la embestida continúa. Según datos del Organismo de Represión de Drogas de Filipinas, el número de muertos en las operaciones antidroga ha alcanzado los 6.165 hasta junio de 2021, y miles más han sido ejecutados sumariamente por pistoleros no identificados en asesinatos tipo parapolicial.
Las familias de las víctimas de esta guerra siguen buscando justicia, a pesar de que los mecanismos nacionales de responsabilidad han demostrado ser lentos, ineficaces y esencialmente inexistentes para procesar a los autores de estos asesinatos. Por ello, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha pedido que se investiguen los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en la guerra contra las drogas.
El presidente Duterte, sin embargo, se muestra impertérrito e incluso sin remordimientos. En su sexto y más reciente discurso sobre el estado de la nación, el presidente Duterte se burló de la CPI y reiteró descaradamente esta política de Estado de asesinatos en masa, no sólo en la guerra contra las drogas, sino también en la campaña de contrainsurgencia del gobierno, en la que dio órdenes a la policía y al ejército de “matar a tiros” a los supuestos rebeldes comunistas.
El año pasado, el 10 de agosto de 2020, el defensor de la paz y de la tierra y el medio ambiente Randall Echanis fue asesinado en su residencia de Ciudad Quezón. Una autopsia independiente de sus restos mostró que fue torturado antes de morir apuñalado. Echanis fue durante mucho tiempo consultor del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP) en las negociaciones de paz con el gobierno filipino y miembro del Comité de Trabajo Recíproco sobre Reformas Socioeconómicas del NDFP. Fue presidente del Anakpawis Partylist y vicesecretario general del Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.
El 17 de agosto de 2020, mientras Ka Randy era sepultado, unos asaltantes aún no identificados asesinaron a tiros a la trabajadora de derechos humanos Zara Álvarez en Ciudad Bacolod, Negros Occidental. Zara era una auxiliar jurídica de Karapatan en la Isla de Negros, además de madre soltera y trabajadora sanitaria. Tanto Ka Randy como Zara figuraban entre los al menos 600 nombres recogidos en la petición del Departamento de Justicia de proscribir como “terroristas” al Partido Comunista de Filipinas y al Nuevo Ejército del Pueblo en 2018. Esto fue en virtud de la ahora derogada Ley de Seguridad Humana, mientras que sus asesinatos se produjeron apenas unos meses después de que se promulgara una Ley Antiterrorista aún más insidiosa.
Aunque los nombres de Ka Randy y Zara fueron posteriormente eliminados de la petición de proscripción de 2018, este flagrante acto de ser etiquetados como rojos ya había colocado objetivos en sus espaldas, una manifestación de las peligrosas y a menudo mortales consecuencias de la práctica de la etiqueta roja. Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, señaló en su informe de 2020 que la etiqueta roja es una amenaza de muerte específica en el contexto de los defensores de los derechos humanos, de modo que "en Filipinas, ser "etiquetado" como "rojo", o comunista, es una grave amenaza para los defensores, y algunos defensores que han sido etiquetados de este modo han sido asesinados."
Más de 400 han sido asesinados extrajudicialmente, en línea con la campaña de contrainsurgencia del gobierno, entre julio de 2016 y junio de 2021. Muchos de ellos son activistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, defensores de la paz, líderes campesinos e indígenas, ambientalistas, trabajadores de la iglesia, abogados y periodistas. La mayoría de ellos fueron etiquetados de rojos y vilipendiados públicamente como "terroristas comunistas" antes de ser asesinados a sangre fría, ya sea por asaltantes no identificados o en operaciones policiales y militares, donde también supuestamente "se enfrentaron", haciéndose eco de la narrativa "nanlaban" en la guerra contra las drogas.
Dado que agosto se ha convertido en el mes de los asesinatos en Filipinas bajo el gobierno de Duterte -un gobierno cuyo legado son los asesinatos generalizados, el sufrimiento de las familias afectadas y el terror de Estado-, decidimos marcar el mes de agosto como un mes para recordar y rendir cuentas: un mes para actuar y exigir justicia. Esta política estatal de asesinatos en masa debe terminar.
Al recordar a Kian, Carl, Kulot, Ka Randy y Zara, recordamos a los miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Nos solidarizamos con sus familias y pedimos que se responsabilicen a los culpables. Al exigir justicia, reiteramos nuestro llamamiento para que se detengan los asesinatos en Filipinas y se ponga fin a todas las campañas y políticas sangrientas que han facilitado estos asesinatos. Pedimos a los organismos internacionales, como la CPI y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que lleven a cabo investigaciones imparciales e independientes sobre la crisis de derechos humanos en el país y que procesen al presidente Duterte y a sus aliados por sus crueles crímenes contra el pueblo filipino.
No debemos perder a otro Kian, Carl, Kulot, Ka Randy o Zara a manos de las campañas asesinas del gobierno de Duterte. Debemos oponernos a las violaciones desenfrenadas de los derechos de las personas y de las libertades civiles. Debemos actuar ahora. ###
Lista inicial de signatarios
- Karapatan
- Rise Up for Life and for Rights
- Kilusang Magbubukid ng Pilipinas
- Ecumenical Voice for Human Rights and Peace in the Philippines
- Concerned Artists of the Philippines
- Sandugo Movement of Moro and Indigenous Peoples for Self-Determination
- Kalikasan People’s Network for the Environment
- National Union of Peoples’ Lawyers
- Kodao Productions